La investigación de Ana Rubio Castro y Mercedes Moya Escudero apunta a que la Europa de libertad, seguridad y justicia que pretende garantizarse
para la ciudadanía,
en principio, no iría dirigida a los millones de personas que residen
legalmente en la UE sin ostentar la nacionalidad de ningún Estado
miembro, y de ningún modo está pensada para quienes se encuentran en
situación irregular. A estas personas que forman parte de la población
real de los Estados no se les califica de ciudadanos, ni se les otorgan
derechos de ciudadanía. Por consiguiente, muestran la situación de
servidumbre que existe en el interior de los Estados europeos. Pero no
sólo los nacionales de terceros Estados encuentran
limitado el ejercicio de los derechos humanos. También la ciudadanía
europea, como
resultado de los necesarios ajustes institucionales y estructurales que
demanda el modelo económico global, está viendo incrementarse los
riesgos y la incertidumbres, debido a los cambios en el mercado de
trabajo, en el sistema educativo y en el modelo de Estado. Todas estas
reestructuraciones están gestando un nuevo orden social. En este nuevo
modelo de
sociedad, el control y la seguridad parecen haber usurpado el
protagonismo hasta ahora
detentado por la justicia social. La finalidad de esta investigación ha
sido precisamente mostrar el doble impacto que el nuevo modelo económico
y la sociedad del conocimiento y la información tienen en la ciudadanía
y en quienes están fuera o en los límites de ella. Una comparación que
permite sostener que en estos ajustes sólo ganan las mercancías y las
instituciones, no las personas.
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